España podría ver el fin del problema de los inquilinos asilvestrados. A mediados de noviembre de 2024, el Congreso de los Diputados presentó una nueva ley que pretende reducir la ocupación ilegal y agilizar los desahucios.
El fenómeno de las «ocupas» implica a grupos delictivos organizados que trasladan a inquilinos a pisos vacíos, a menudo propiedad de caseros extranjeros, bancos o fondos de inversión. Actualmente, la legislación española sólo permite el desalojo en las 48 horas siguientes a un robo, lo que a menudo conduce a una situación en la que la policía no puede tomar medidas eficaces. Según el artículo 202 del Código Penal, el robo sólo puede reconocerse si el autor es sorprendido in fraganti, lo que complica la vida de los propietarios. Una vez transcurrido el plazo indicado, el caso sólo puede llevarse a los tribunales, y la espera de un veredicto puede durar meses o incluso años.
La nueva legislación pretende ofrecer una mayor protección a los propietarios. La Policía Nacional y la Guardia Civil tendrán derecho a desalojar inmediatamente a los inquilinos de las viviendas ocupadas sin tener que obtener una orden judicial. Será crucial establecer si la vivienda ocupada tiene propietario. Si el inquilino no presenta documentos válidos que prueben su derecho a ocupar la vivienda, su acción se considerará un delito penal.
La ley también cubre las llamadas segundas residencias, lo que significa que los propietarios pueden esperar una actuación más rápida en caso de ocupantes ilegales. Los vecinos podrán llamar a la policía, que llevará a cabo una evacuación sin orden judicial, si la propiedad está abandonada. Otras propiedades, como los cobertizos de jardín, también se verán afectadas por la nueva normativa, siempre que se acredite la propiedad.
Además, la nueva legislación impone la obligación de cubrir los daños causados por inquilinos salvajes. La policía también emprenderá acciones contra las personas que afirmen haber adquirido una propiedad basándose en contratos de alquiler o venta falsos.
La enmienda introducida estipula que el reconocimiento de usurpación de propiedad y allanamiento ante el tribunal será posible en un máximo de 15 días. Los cambios se aplican tanto a las viviendas ordinarias como a las de uso estacional, lo que es especialmente relevante para los turistas extranjeros.
La cámara baja del parlamento español ha aprobado la reforma, a pesar de la oposición del gobierno socialista de Pedro Sánchez. El proyecto de ley será examinado ahora por la cámara alta, el Senado, que cuenta con mayoría absoluta, lo que sugiere que la ley será aprobada sin demasiadas dificultades. Una vez aprobada por el Senado, el Rey de España deberá anunciar y ordenar la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, lo que constituye una formalidad. Se espera que la nueva legislación, más restrictiva, entre en vigor en el primer semestre de 2025.
